EL PAÍS… ¿ES DE NOSOTROS LOS MEXICANOS? ¿de los políticos venales? ¿De los empresarios hambrientos de más riqueza?

 ESTO ES LO QUE SUCEDE EN LAS TIERRAS DE

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social

San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.

Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.

El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.

“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.

Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).

Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.

Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.

El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.

El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Sin consulta previa

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.

Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.

“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.

Declaratoria del 4o. Foro Regional de la Sierra Sur de Oaxaca
Difusión Cencos México D.F., 20 de julio de 2011

Los participantes en el cuarto Foro Regional de la Sierra Sur en Oaxaca, realizado los días 16 y 17 de Julio del 2011 en el Municipio Santa Cruz Zenzontepec, distrito de Sola de Vega, Oaxaca, donde nos reunimos para intercambiar experiencias y conocimientos sobre la problemática que enfrentamos por el despojo de nuestros territorios y la reiterada violación a nuestros derechos como pueblos indígenas:

DENUNCIAMOS:

Como pueblos indígenas que habitamos en la Sierra Sur de Oaxaca, nos vemos amenazados por grandes proyectos como son la Presa “Paso de la Reyna” y la “Explotación Minera de Santa María Zaniza”, proyectos que ponen en riesgo nuestra existencia en nuestro territorio, que provocan desplazamientos de personas que son dueñas y herederas de las tierras; afectando nuestro entorno y que como pueblos indígenas a la tierra la respetamos porque es nuestra madre que nos da vida y nos sustenta.
Las Instituciones a través de sus funcionarios y en algunos casos representantes populares llegan a nuestras comunidades con engaños, aprovechando nuestra solidaridad y hospitalidad, pero sobre todo de nuestras necesidades para convencernos de los supuestos “beneficios” que nos traen los proyectos ofrecidos; muchas veces hasta condicionan la entrega de obras/ recursos que tienen que llegar a nuestros municipios.
Sabemos que como pueblos indígenas tenemos derechos consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), Tratados Internacionales y Declaraciones de los Pueblos Indígenas, que se nos debe respetar el derecho a la PREVIA CONSULTA LIBRE E INFORMADA, EL CONSENTIMIENTO, LA AUTODETERMINACIÓN, LA AUTONOMÍA Y LA ORGANIZACIÓN a un la existencia de los marcos jurídicos internacionales que son protectores de nuestros derechos como Pueblos Originarios, el Estado Mexicano ha violado el incumplimiento de estos ordenamientos, siendo él quien lo ha firmado y ratificado en su totalidad. Los gobiernos no cumplen el papel fundamental de garantizar los derechos humanos y de impulsar el desarrollo integral de las personas y de las comunidades y en consecuencia regular la actividad empresarial privada; en la práctica no sancionan, no implementan, ni hacen cumplir la normativa ambiental. Las instancias de monitoreo ambiental están a favor de las empresas que se enriquecen de nuestros recursos naturales.

ANTE ELLO EXIGIMOS RESPETO TOTAL A NUESTROS DERECHOS:
1.– Los pueblos indígenas somos los únicos dueños de nuestros territorios, tierras y recursos naturales. Por lo tanto exigimos respeto a nuestros derechos.
2.– Todo proyecto o mega proyecto que atente contra nuestros derechos o se pretenda implementar en nuestro territorio debe someterse a consulta, a la participación y al principio del consentimiento libre e informado.
3.– Nosotros, como pueblos indígenas nos articulamos y establecemos alianzas para defender y hacer respetar nuestros derechos hasta lograrlo.
4.– Reafirmamos el valor y la importancia de nuestros Sistemas Normativos propios, que se expresan y se cumplen en las asambleas comunitarias.
5.– Las personas participantes en este cuarto foro regional nos solidarizamos con el pueblo Wixarika en su lucha por la defensa de Wirikuta en Real de Catorce, San Luis Potosí contra la explotación minera de la empresa First Majestic Silver Corp., los habitantes de Cerro de San Pedro y el valle de San Luis en su lucha contra la Minera San Xavier y con los pueblos que se encuentran en permanente lucha, en las cuales han rechazado la actividad minera y la construcción de presas.
6.– Exigimos al Estado Mexicano realizar un cambio urgente de las políticas públicas de desarrollo, para la implementación de proyectos en donde tengan participación las empresas nacionales y trasnacionales, exigimos que nos consulten sobre que tipo de desarrollo queremos los pueblos y las comunidades indígenas de acuerdo a nuestras necesidades y entorno social, cultural y ambiental. Y que todas las instancias federales no condicionen los proyectos productivos y programas de apoyo en las comunidades.
Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca., 17 de Julio de 2011